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Violencia sexual contra presos políticos en Nicaragua: el lado menos conocido de la represión

Esta semana se instaló un tribunal de conciencia en Costa Rica para juzgar el régimen de Daniel Ortega por abusos sexuales contra presos políticos.


El pueblo nicaragüense reclama la libertad de al menos 180 presos políticos. Recuperado de: La Mesa Redonda


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la crisis en Nicaragua, en diciembre de 2018 informó sobre ”presuntas violaciones sexuales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad” en medio de las protestas ciudadanas contra el régimen del actual mandatario. Según el informe del GIEI este delito “ha sido definido como un acto mediante el cual el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado a la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima”. Adicionalmente, se establecieron responsabilidades al máximo nivel sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represoras del régimen de Ortega: “Existen múltiples elementos que indican que estos hechos fueron decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República”, según el informe.


La directora de la Fundación Arias para la Paz, Lina Barrantes, impulsó la consolidación del tribunal de conciencia frente a estos delitos ya que “son los que menos atención han recibido entre los cometidos de Daniel Ortega para sofocar la rebelión ciudadana que se dio a partir de abril de 2018”. Este juicio se llevará a cabo con un valor simbólico, por lo tanto no es un instrumento legal, pero tiene como objetivo darle voz a las víctimas que fueron “detenidas de manera arbitraria, todas ellas fueron trasladadas a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país” y finalmente dar a conocer sus testimonios frente a las torturas y vejaciones que se están llevando a cabo en el régimen.


En total se presentaron 18 testimonios de ex presos políticos durante el proceso, de los cuales 11 son mujeres y 7 son hombres que fueron capturados en el año 2018 entre el 21 de abril y el 18 de agosto por policías y/o fuerzas paramilitares del régimen. De estos testimonios, diez mujeres y dos hombres señalaron haber sido violentados sexualmente y una de las mujeres añadió haber experimentado un aborto a raíz de las agresiones de los miembros de la fuerza pública. Según Barrantes estos testimonios son apenas una pequeña muestra de la situación real, “por el tipo de agresión que sufrieron, no se han atrevido a exponer su caso” añadió la directora de Arias para la Paz.


Fuente: Santa Maria Times

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