#EnContexto

Una juventud sin derecho a la vida

Actualizado: 1 mar 2021


En Colombia no hay garantías para que los jóvenes estén, hagan y sean


Hace un mes y dos días asesinaron a cinco jóvenes e hirieron a otros dos en una masacre cometida en Buga, Valle del Cauca. Estos adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 18 años, se encontraban divirtiéndose en una reunión de amigos el sábado 25 de enero. No obstante, a las 2 de la mañana tres hombres armados entraron a la finca donde convivían los adolescentes y perpetuaron los asesinatos. En la mañana de aquel día Colombia amaneció con la noticia de una nueva masacre y, pese a la indignación colectiva del momento, 30 días después nada ha cambiado; múltiples hechos siguen en la impunidad y se sigue perpetrando actos violentos contra la juventud.


Esta situación no es nueva, en nuestro país las masacres hacia los jóvenes acontecen con regularidad. En el 2020 más del 20% de las 381 personas que fueron asesinadas en las 91 masacres perpetradas, eran jóvenes.



Repasemos algunos hechos


El año pasado, en Samaniego, Nariño, el sábado 15 de agosto de aquel año hombres encapuchados se adentraron en una reunión de aproximadamente 50 jóvenes y, arbitrariamente, asesinaron a 8 de ellos; todos eran trabajadores, atletas o estudiantes. Así mismo, seis jóvenes fueron asesinados en este mismo departamento, pero ahora en el municipio de Tumaco, el 22 de agosto. De igual forma, en Cali, en el barrio Llano Verde, la noche del 11 de agosto cinco menores, de edades entre los 14 y 16 años, fueron torturados y masacrados en un cañaduzal.


En el mismo mes del 2020, el 24 de agosto en Venecia, Antioquia, para ser más exactos, dos hombres asesinaron a tres jóvenes trabajadores; uno de 18 años, otro de 19 años y un menor de 15 años. Por su parte, en la madrugada del 5 de septiembre, en una zona rural de El Tambo, Cauca, fueron encontrados en plena vía pública tres cadáveres; sus cuerpos correspondían a los de tres trabajadores jóvenes. En este mismo municipio ya habían asesinado a otras seis personas la noche del 21 de agosto.


Así mismo, el 9 de septiembre, durante las protestas contra la violencia policial tras el caso de Javier Ordoñez, siete jóvenes fueron asesinados con armas de fuego en la ciudad de Bogotá; el más joven tenía 17 años y el mayor 27. Esta misma noche, y bajo las mismas circunstancias, en Soacha asesinaron a otros 3 jóvenes.


En este país pareciese que los jóvenes no tienen derecho a la vida. Todos los actores del conflicto siempre se han ensañado con una juventud que, pese a tener en frente un panorama difícil, guarda esperanza. Los jóvenes han sido histórica y sistemáticamente golpeados por la violencia y, aun así, poco nos importa el panorama. Su muerte es tan recurrente que la hemos naturalizado y frivolizado. No nos importa el dolor de sus familias, ni los sueños, las metas o el potencial perdido… estos jóvenes no representan más que otra cifra en la larga lista de víctimas.


El problema no termina allí


Aun así, pese a la gravedad de los hechos, el asesinato y la estigmatización hacia los jóvenes no ha sido el único problema que estos deben, y han tenido que, anteponer. La falta de oportunidades para ellos les imposibilita tener una buena calidad de vida, en especial a los jóvenes de las áreas rurales o de escasos recursos. Esto se puede ver ejemplificado en el hecho de que acceder a la educación y, posteriormente, obtener un buen trabajo no es nada fácil y mucho menos común. De hecho, según el DANE, en el trimestre móvil octubre- diciembre del 2020 la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 21,6%, registrando un aumento de 5,6 % frente a este mismo trimestre del año 2019 (16,0%).


Si consideramos que de esta cifra se desconoce la cantidad de trabajo que es precarizado, entonces podríamos preguntarnos ¿cómo es posible, para los jóvenes, subsistir en un país donde no hay condiciones para una buena vida y, en ocasiones, para la vida en sí?


A pesar de que el Estado y sus diferentes instituciones sociales tienen el deber de proteger, respetar y garantizar la vida de los seres humanos en toda circunstancia, esto no parece estarse cumpliendo. El deber de las instituciones estatales no se limita solo a evitar la muerte y el asesinato, sino que, por el contrario, estas tienen también el deber de fomentar condiciones óptimas para el desarrollo de una vida digna.


El artículo 11 de la Constitución colombiana establece que “El derecho a la vida es inviolable” y, como adscribe la Sentencia T-444/99, este “derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales”.


No obstante, esto no se cumple y, por lo mismo, las instituciones estatales fallan. En primer lugar, fallan en proteger a los jóvenes porque, o bien no lo hacen, o bien los matan ellas mismas; como en el caso de los 10 jóvenes asesinados a manos de la Policía Nacional el pasado 9 de septiembre, o como es el conocido caso de los mal llamados ‘falsos positivos’ a manos del ejército colombiano. En segundo lugar, fallan porque estas instituciones no le garantizan a toda la juventud en su conjunto la posibilidad de un desarrollo normal de la persona ni las condiciones para una vida digna.


Si esto es así, ¿acaso no podríamos afirmar que en este país se le niega el derecho a la vida a los jóvenes?


Abramos los ojos: es hora de un cambio


Alguien podría objetar que no, que esto no sucede en Colombia, que, por ejemplo, este es el segundo país de Latinoamérica con más universitarios o que la mayoría de los emprendedores son, precisamente, jóvenes. También podría asegurar que los jóvenes hacen parte del mayor grupo poblacional y que por eso sus muertes son tan recurrentes. No obstante, objetar hechos sistemáticos con este tipo de afirmaciones no es más que querer tapar el sol con un dedo.


Sólo quienes cuentan con más privilegios, que en comparación son minoría, podrían estar más resguardados de esta cruda realidad y, aun así, siquiera estarían exentos. Las cifras, los registros, los estudios y los recientes hechos confirman que en Colombia no hay garantías para que los jóvenes estén, hagan y sean; en especial para aquellos que viven en lugares marginales o que no pertenecen a familias que se consideran de prestancia.


La organización Save the Children, por ejemplo, advirtió que los niños y niñas que viven en las áreas más impactadas por el conflicto armado están en extrema necesidad de protección y, por tanto, le piden al gobierno investigar las masacres y pedir cuentas a los perpetradores. Si las autoridades y la sociedad civil no trabajan en conjunto para hacer respetar los derechos de los jóvenes del país, ¿qué tipo de país podrán construir ellos mañana?


Es hora de exigir y tomar medidas para abordar y prevenir la violencia y falta de oportunidades que han azotado a la juventud colombiana durante décadas. ¡La juventud tiene derecho a una vida digna!

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