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Presos en Buenos Aires protestan contra las “condiciones infrahumanas”

Las personas recluidas de la libertad en la Unidad 9 de La Plata han hecho un pliego de peticiones para presentar en la mesa de diálogo e incluso iniciaron una huelga de hambre.

Imagen de la protesta del 31 de octubre. Recuperada de: Misiones Online

El sábado por la mañana empezó una protesta de parte de los reclusos de varias cárceles de Buenos Aires para protestar contra la suspensión de las visitas de familiares, que están prohibidas desde el 12 marzo, que ahora se ha convertido en un llamado que hacen los presos para poder recibir mejores condiciones, pues se trata de “un derecho y no un beneficio”. Entre las peticiones se encuentran: una revisión del sistema de informes criminológicos del Servicio Penitenciario Bonaerense y recompensación por el tiempo recluido en medio de la pandemia.


El Sistema Penitenciario Bonaerense informó que las visitas se habilitarían el 14 de noviembre, de acuerdo a los protocolos necesarios de seguridad sanitaria para preservar la salud pública. Se llegó a este acuerdo por medio de las mesas de diálogo que se formaron junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes de la rama judicial y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, los voceros de algunos pabellones han negado lo anterior. Aseguran que nadie les había informado sobre la habilitación de visitas y que después de las protestas que se dieron el día de ayer, la situación había cambiado.

“Lo que pedimos es que los jueces otorguen los beneficios que deberían haberse dado hace años, en cada condena particular”

De acuerdo con varios internos que hablaron con medios argentinos, en las protestas de ayer se vieron presos parados en los techos, colchones quemados y rejas abiertas para protestar contra la suspensión de las visitas. Según Alberto Sarlo, profesor de Filosofía y profesor de boxeo en una unidad carcelaria, Xavier Areses, el jefe del SPB, emitió la orden de avalar las visitas de todas las familias, pero sin haber consultado con el Ministerio de Salud ni el de Justicia y DDHH. Estas afirmaciones fueron desmentidas por fuentes oficiales del gobierno, pero Sarlo se mantiene en su posición.

 

Fuente: La Nación & El Clarín.


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