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“Me lo han tratado como si fuera un bandido”: defensa de policías en caso de abuso policial en COL

La tercera parte de la audiencia del caso de abuso policial se desarrolla el día de hoy, en la cual se decidirá si los uniformados responsables del homicidio de Javier Ordóñez

Recuperada de: AS Colombia

Sigue en desarrollo la audiencia contra Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, envueltos en el caso Javier Ordóñez. En las dos jornadas anteriores, que ocurrieron el viernes y el sábado, la captura de los patrulleros fue legalizada y los cargos de homicidio y tortura les fueron imputados, cargos que no fueron aceptados por los acusados. Hoy se decide si Rodríguez y Lloreda deberán ir a prisión.

“Es claro que en cada uno de los videos reunidos hay evidencia de los actos de violencia que se cometieron contra la víctima”

La audiencia debía comenzar a las 10:00 de la mañana, pero tuvo que ser retrasada hasta después del mediodía, por la solicitud de un grupo de periodistas que lograron que la juez de garantías levantara la restricción a los medios. La Fiscalía comenzó con una intervención en la que relató los hechos que terminaron en el homicidio de Javier Ordóñez y recalcó la necesidad de imponer una medida de aseguramiento a los policías. Para su sustento, el representante de la Fiscalía presentó el dictamen de Medicina Legal, en el que se describen las lesiones en el cuerpo de Ordóñez, tanto como las declaraciones de los testigos que estuvieron en la escena. Mónica Sánchez, delegada de la Procuraduría, afirmó que la muerte de Ordóñez ocurrió por los golpes que recibió de parte de Rogríguez y Lloreda:

“Se trató de un homicidio agravado”

Vadith Gómez, el abogado de la familia de la víctima, aseguró que los policías debían ser enviados a prisión por ser “un peligro para la comunidad” y añadió que era “evidente” que habían torturado a Ordóñez antes de su muerte. Además, afirmó que la actitud violenta de los patrulleros era un riesgo para la seguridad de los testigos y citó el testimonio de Wilmer Mendoza, quien estuvo dentro del CAI en el momento en el que Ordóñez fue torturado: “tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar y hago responsables a los patrulleros. Quiero dejar constancia que no tengo ningún enemigo diferente a los policías que me han amenazado”.

“Sean humanos, pudieron llevarlo a un hospital. No sean monstruos, lo que yo vi fue a mi hermano sufrir por respirar”

El hermano de la víctima, Alejandro Ordóñez, describió los resultados de la necropsia del cuerpo. Ordóñez había recibido golpes directos de alto impacto, presentaba 14 lesiones de tipo hemorrágico en el tórax, abdomen, región lumbar y 12 descargas con pistola taser. Agregó que en todo el cuerpo, “excepto en las axilas, genitales, ano y los pies, hay lesiones” y presentaba un estallido en el riñón derecho. Apuntó que la muerte de su hermano se hubiera podido evitar “con una atención inmediata y no verlo tirado en el piso, reducido”. Manifestó que sus heridas no eran autoinfligidas, como habían declarado los patrulleros, pues todas son resultado de “un trauma de muy alta energía”.

“Me lo han tratado como si fueron un bandido y me sentí golpeado, sinceramente”

La defensa de los dos policías pasaron después a hacer sus declaraciones. Los abogados de Harby Rodríguez aseguraron que se debía tener en cuenta la parte humana de los procesados y revisar su trabajo en la institución. Apuntaron que el patrullero recibió amenazas de muerte y que se debía analizar una restricción “menos invasiva, como una detención preventiva desde el hogar”. El abogado Marino Moreno, en la defensa de Juan Camilo Lloreda, denunció la falsedad del testimonio de Wilmer Mendoza, quien supuestamente estaría dando declaraciones diferentes ante la Fiscalía y en sus entrevistas, además de no presentar pruebas. Añadió que no se opondrían a la medida de aseguramiento, pero que existían centros penitenciarios especiales para miembros de la Policía.


Se trató además el tema de pasar el caso a la Justicia Penal Militar, pues de acuerdo con el abogado de Harby Rodriguez, los dos policías “tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado la situación, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la Justicia Penal Militar”. La juez del caso ha dicho que la decisión de pasar el caso a la Justicia Penal Militar no estaba entre sus competencias y que será la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la que tendrá la palabra final.


Fuente: El Espectador.


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