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La Corte Suprema revisará recursos presentados contra la excarcelación de Keiko Fujimori

Dos casaciones presentadas por Rafael Vela Barba serán revisadas para establecer si Fujimori regresa a la cárcel.

Keiko Fujimori, hoy candidata presidencial para las elecciones del 2021. Recuperada de: La Tercera

La Segunda Sala de Apelaciones, la cual hizo posible que Keiko Fujimori saliera de la cárcel en abril, accedió a que las casaciones pasaran a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que evaluará si Fujimori debe regresar a la cárcel mientras está siendo investigada por lavado de activos. Los recursos excepcionales fueron presentados por el fiscal Rafael Vela Barba en mayo.


En el primer recurso de casación se pide que se revoque la audiencia de apelación que resultó en la excarcelación de la procesada, argumentando que la defensa de Fujimori la había presentado fuera de plazo. La otra casación se refiere a los criterios que usó la Segunda Sala de Apelaciones para aprobar la excarcelación de Fujimori. La Fiscalía pidió que se aclararan los fundamentos de “arraigo posesorio” y la “falta de diligencia” por parte de los fiscales que citaron los jueces en su decisión. De la misma manera, pidieron que se revisaran el peligro de fuga y obstaculización.


La Corte revisará en primer lugar las cuestiones formales de los recursos. Pasará después a convocar una audiencia pública para discutir el fondo de las casaciones, donde se retomará el porqué de la audiencia de apelación de Fujimori y de la comparencia restringida. Estos pasos tienen una duración de aproximadamente 8 meses.


La investigación de Fujimori podría resultar también en la suspensión de las actividades del partido que conduce, Fuerza Popular, por dos años y medio. El fiscal José Domingo Pérez hizo la propuesta el 22 de julio ante el juez Víctor Zúñiga Urday, que se basa en el artículo 23 de la Ley Nº30077. La Ley Contra el Crimen Organizado establece que ante un delito cometido “en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo” el Juez puede ordenar la “suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años”.


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Fuente: La República


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