#EnContexto

Geografías de ensueño para la guerra

Actualizado: 5 sept 2020


Juan Pablo Gutiérrez - ONIC. (2020). Recuperado portal web El Espectador.com

En las últimas semanas hemos escuchado y leído noticias sobre la constante vulneración a los derechos humanos, materializada en  las  masacres perpetradas por diferentes actores del conflicto. El panorama de muertes y agresiones hacia la sociedad civil, nos indica constantemente que algo en esos determinados puntos geográficos no está bien. Debe existir una razón para que departamentos como Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, entre otros, sean los más afectados por el recrudecimiento de la violencia en nuestro país. 


Si bien, el 24 de noviembre de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc firmaron un acuerdo de Paz, que daba paso al fin de una guerra que fragmentó a la sociedad colombiana por más de 60 años, mejorando en unas zonas la vida de las comunidades en relación al cese de bombardeos, enfrentamientos, secuestros, vacunas (entendido como el trato extorsivo a la población civil), capturas ilegales y señalamientos. Este pacto no acabó con los demás problemas de conflicto, ni generó un ambiente de paz entre y con los demás grupos al margen de la ley (ELN, disidencias de las Farc, Autodefensas Gaitanistas, EPL, grupos de narcotráfico, BACRIM y en general delincuencia común).


Es normal que hablemos de la Costa Caribe, Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, porque son los sitios que el colombiano promedio ha visitado. Pero la desigualdad, las pocas vías de acceso y el descuido de los entes estatales ha provocado la omisión, el desconocimiento y, la imposibilidad de explorar social y turísticamente a otros territorios. Estos sitios poseen una riqueza aún mayor en su flora y fauna, hermosos paisajes, playas de ensueño, culturas y comunidades ancestrales y una gran fertilidad en sus tierras (envidiadas y disputadas por muchos). Y casualmente, son estos lugares casi anónimos de los que pocos sabemos y hablamos  el epicentro de la guerra y los abusos en Colombia. 


El Pacífico, el Tapón del Darién, el Urabá, los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá, el Catatumbo y el Suroccidente de Colombia son algunos de los lugares que por sus condiciones geográficas (zonas fértiles y fronterizas) y sociales (zonas olvidadas y pobres) han sido tomadas desde hace muchos años por grupos armados y de narcotráfico, para la producción y distribución de monocultivos de coca y marihuana. Muchos de estos territorios tienen poca presencia estatal o casi ninguna  y sus vías de acceso, desde otras partes del país, son tan precarias que parecieran ser “paraísos ocultos”, totalmente aislados y cuya existencia sólo es posible en la imaginación de quien los piensa (un asunto muy macondiano).


La vulneración a la dignidad humana de las comunidades de estos territorios no son más que, el fruto de un panorama envuelto en una guerra por y contra las drogas y la articulación de una economía ilegal bastante fuerte en medio del conflicto armado. Las masacres que se han dado en estos últimos meses corresponden, en su mayoría, a ubicaciones en zonas productoras de ilícitos. Lo cual de entrada nos permite hacer una relación directa entre los conflictos internos de esas zonas por narcotráfico y, en sí, por el control de sus cultivos. La disputa por el control de estas zonas ha alcanzado inclusive dimensiones internacionales, pues grupos al margen de la ley como el cártel de Sinaloa y los Zetas (México), tienen intereses allí. 


Muchos tenían la idea de que, estas problemáticas iban a solucionarse al cesar la guerra con la antigua guerrilla de las Farc y desarrollar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual busca reemplazar cultivos de coca y marihuana por medio de la erradicación manual o aérea, transformando esta economía ilegal en una legal. Pero lo cierto es que “la violencia homicida desatada contra líderes sociales, campesinos, comunitarios e indígenas en el país también ha cobrado la vida de dirigentes campesinos que socializaron e impulsaron la implementación del PNIS en sus territorios”( Verdad Abierta, 2020).


La violencia no sólo se da para los actores mencionados anteriormente, sino también hacia los desmovilizados que pretenden regresar a sus regiones y son presionados por estos grupos para que se unan a sus filas. Los hostigamientos no quedan ahí, sino que además las misma sociedad civil termina siendo el instrumento de terror y control para que todos se rijan bajo los mandatos de los nichos delincuenciales en estos lugares. Y aunque se sepa muy poco cuáles fueron las causas y motivos de las masacres de agosto de este año, no podemos  desconocer la relación de los mismos con el contexto actual de lucha de cultivos ilícitos -se estima que a la fecha la extensión se aproxima a las 125 mil hectáreas, es como si la famosa y turística ciudad de Cartagena, se cubriera dos veces en toda su extensión con estas plantas de la guerra- que están destruyendo todo lo que pasa por su lado.


Ya sabemos que la tranquilidad que pudo desatar el Acuerdo de Paz con las Farc no fue,  ni es razón suficiente para el fin de la guerra. Ahora más que nunca la disputa por el control del territorio y el afán de sacar provecho del narcotráfico está acabando con nuestros pueblos. Según Jairo Bisbicus, consejero fiscal de la Unidad Indigena del Pueblo Awá (UNIPA) -en declaración al medio Verdad Abierta- tanto el Gobierno como la autonomía de las comunidades indígenas se está fracturando por el actuar de los  grupos armados, que se han reorganizado y reconfigurado en estas zonas. 


Freepik (2020). Foto de naturaleza creada por Jcomp.

Y como si la presencia de la insurgencia no fuera lo suficientemente abrumadora para las comunidades que habitan estas zonas, los mismos campesinos, indígenas y recolectores de la hoja de coca se ven afectados por el incumplimiento del Gobierno. En estos cuatro años de implementación, las autoridades correspondientes no han llegado a todas la regiones afectadas, no han cumplido a cabalidad con la entrega oportuna de pagos y la asistencia técnica. Lo cual ha generado una sensación de pesimismo e incredulidad hacia el PNIS y, al mismo tiempo, ha sido una de las razones para que muchas de estas personas retornen a la economía ilícita. 


Según Ricardo Vargas, miembro del instituto internacional de investigación y promoción de políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible (TNI), “el contexto de abandono del Estado y la configuración de una ocupación espontánea, violenta y dispersa creó las condiciones para un proceso pragmático de orden y organización con un proceso de monopolio de la fuerza y el tributo ajeno al Estado y bajo en control de la insurgencia”. Como resultado de la existencia de estos monocultivos de coca y marihuana, en muchas partes de Colombia se vive en una guerra injusta que ha convertido a todos en objetivo de muerte. 


¿Qué hay en las zonas de las masacres del mes de agosto? En estas hay una guerra que suscita la nueva ola de narcocultivos en el norte y el occidente de Colombia. En donde el incremento de nuevos factores de violencia, la transgresión a los derechos fundamentales de la población y la deslegitimación del Estado terminan poniendo a las comunidades que habitan estos territorios en la peor situación posible, siendo ellos el elemento más débil de toda la cadena de las drogas ilegales. Tanto el narcotráfico como las políticas antidrogas se han encargado de causar daños irreversibles en la sociedad colombiana. Hoy nuestras geografías de ensueño terminan siendo para la guerra. 

#EnContexto