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El naufragio de la constitución en el mar laboral: El caso de Colombia


Imagen diseñada por: América en Contexto.

Los trabajadores colombianos han naufragado en medio de actos inconstitucionales y afectaciones a sus derechos laborales; iniciando por la llegada de la informalidad, con trabajos que no se rigen por un contrato oficial y por lo tanto, sus empleadores no tienen que brindarles prestaciones, seguros o justificar sus despidos; pasando por el abuso de poder de los empleadores y terminando con la vulneración de los derechos fundamentales de los empleados. Esta condición de informalidad es la más obvia y la más expuesta a ser víctima de actos inconstitucionales. Sin embargo, el caso que nos convoca hoy va mucho más allá de acciones inconstitucionales en los trabajos informales; se adentra en los tenebrosos bosques de la represión a la libertad de expresión y cruza los límites insospechados del derecho a la seguridad personal.


El día de ayer, 6 de Agosto, el abogado Jaime Restrepo, conocido por su fuerte ideología de derecha y apoyo acérrimo al ex presidente Uribe, trinó “Señor empresario, desde hoy arrancamos la campaña despide a un mamerto” refiriéndose en este tweet a los empresarios colombianos e instándolos al despido de personas que se encuentren a favor de la captura judicial realizada al ex mandatario el pasado 4 de Agosto. Lo que causa disgusto e incluso miedo de esta afirmación realizada por el abogado Restrepo y muchos otros colombianos en redes sociales no es el discurso de odio que imparte hacia la postura política “anti-uribista”, sino la inconstitucionalidad que supone la realización de tales actos de despido en caso de que esta campaña, la cual tiene como base la desaprobación de una determinada ideología política, se vuelva moda entre los empresarios colombianos.


Se entienden estas acciones como inconstitucionales ya que más allá de violar el derecho fundamental a la libertad de pensamiento y discurso del trabajador con la amenaza de destituirlo de su cargo, este acto también implicaría una discriminación por sus ideales políticos. El artículo 13 de la constitución colombiana expedida en 1991, junto con la sección 239 del Código Sustantivo del Trabajo de 1950, modificado en 2017, explica que cualquier acto de discriminación por motivos de raza, origen ético o ideología política/filosófica será tratado como un delito, el cual deberá cumplir una pena carcelaria. Adicionalmente, si a raíz de la discriminación se le niegan o restringen los derechos laborales a la víctima en cuestión, la penalidad carcelaria del acusado se incrementará en un 50%.


Sin embargo, con el deficiente sistema judicial en el país y la creciente corrupción enraizada en la política colombiana, se puede prever la no aplicación de estas penas carcelarias a posibles empleadores que cometieran delitos de restricción laborales por la presencia de una determinada ideología política en sus trabajadores, a cambio de dinero o “cargos importantes”, como ya se ha visto en diversos pleitos penales en Colombia, por ejemplo: en los que se encontró implicado el abogado Diego Cadena, ó el fraude procesal en el que se encontró a Miguel Benavides Chud. Esta no penalización de los actos inconstitucionales se traduce en la perpetuación de las violaciones de los derechos fundamentales y los abusos en el poder de los empleadores. Una migaja del pan de cada día de los trabajadores colombianos.


Ahora que se entiende el inminente peligro que una propuesta como “despedir a un mamerto” representa para la constitución y para los derechos fundamentales, procederemos a indagar ¿por qué mencioné al principio del texto el derecho a la seguridad personal? Para dar esta explicación tendremos que remontarnos al origen o el acto específico que dio pie para que el abogado Restrepo propusiera la campaña “despedir a un mamerto”.


El anterior 5 de Agosto, Lina Arango, comunicadora que se ha destacado como voz comercial de la empresa Bancolombia, se manifestó vehementemente en un video en su cuenta de Twitter a favor de la captura del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, horas después de recibir críticas y presentar la debida disculpa o explicación de su reacción, anunció que fue blanco de repetidas amenazas de muerte, por el hecho de demostrar su posición respecto a la noticia. Afirma:

“Que me van a matar, que me están buscando, que me van a acabar profesionalmente…”.

Estas amenazas interfieren con el Derecho fundamental a la vida, integridad y seguridad personal, consignado en la Sentencia T-102/19, el cual reza que a ninguna persona, sin importar su nacionalidad, edad o estado mental, se le puede vulnerar su seguridad o integridad.


En resumen, la falta de conocimiento sobre los principios legales, de tolerancia y respeto por la diversidad otorgada por la derecha uribista, representada por el senador Álvaro Uribe Vélez es la prueba irrefutable de la necesidad de reconstruir Colombia con humanidad, academia y contundencia.

Por: Isabella Carrascal Peñaranda

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