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Denuncian la criminalización de protestas protagonizadas por el sector de la salud en Perú

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú junto a dos organizaciones sindicales denunciaron la criminalización de las protestas sociales por parte de médicos en el país.


Personal médico protestando en Arequipa, Perú | Recuperado de: Ojo Público


El pasado lunes La Federación Médica de Arequipa anunció que llevarían a cabo un plantón para exigir mejoras en el sistema de salud del país, incluyendo el incremento de presupuesto para esta área y la respectiva dotación de equipos de protección personal totalmente completos y renovables para combatir la pandemia por el COVID-19. Adicionalmente, en el pliego de quejas reclaman el pago del bono COVID-19 para todos los profesionales de la salud que se desempeñan en la emergencia sanitaria, junto al pedido de que los médicos mayores de 60 años retornen voluntariamente a laborar a sus respectivos centros de salud y/u hospitales.


En medio de las protestas desempeñadas en su mayoría por el sector de la salud, uno de los líderes de la principal central obrera del país aseguró que “mientras los trabajadores lidian contra el COVID-19 y el hambre, son amenazados con la cárcel si salen a protestar”. Con base en esto, en la reunión con motivo de la Semana Nacional de los Derechos Humanos en Perú que culminó el día de ayer, se reunió a la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y la Federación de Trabajadores de la Construcción, quienes denunciaron la represión y el uso de mecanismos penales en contra de agrupaciones sindicales que se manifiestan por medio de las protestas sociales. Gerónimo López señaló las “denuncias penales preventivas” como un mecanismo utilizado por el Gobierno peruano para amedrentar a los organizadores de las protestas.


La representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Mar Pérez, añadió que “cuando se criminaliza a los dirigentes como represalia por su labor, se afecta la médula misma de la democracia”. Y es que desde el año 2011 se han registrado alrededor de 19 dirigentes sindicales asesinados por mafias que extorsionan bajo amenazas de muerte a empresarios y trabajadores del sector, según el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción de Perú, Luis Villanueva. Los participantes que denunciaron estos hechos también aclararon que los sindicatos son agrupaciones que defienden los derechos humanos y muchas veces los líderes de estos son señalados como “violentos y agitadores” por algunos funcionarios, contradiciendo por completo los estándares internacionales de lo que representa un sindicato.


Fuente: La República | Prensa Latina

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