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#EnContexto

Colombia: un país que normaliza las muertes


Agencia EFE (2020). Recrudece el conflicto en Colombia: masacres. Recuperado portal web La Gran Noticia.com

En Taraira 

el recuerdo de la vida 

duele. 

Mañana 

será tierra y olvido.

 

(María Mercedes Carranza, Canto 21 TARAIRA)


A diario en el país asesinan a indígenas, líderes sociales, excombatientes de la guerrilla y ambientalistas entre muchas otras más víctimas del conflicto (aunque Colombia firmó la paz con el grupo insurgente de las Farc en el año 2016, aún continuamos en una guerra contra el EPL, las BACRIM, grupos de narcotráfico, grupos de disidencia y en general delincuencia común. Por ello el conflicto sigue vigente), pero pareciera que sólo lo percibe quien sufre la pérdida de un ser querido. El resto de los colombianos, entre esos el presidente, vivimos en un burbuja de indiferencia que normaliza (una especie de excusa sistemática que atañe las causas y sus efectos a circunstancias altamente naturales) y justifica las muertes producto de la guerra con frases como: “Quién sabe qué habrá hecho para que lo mataran”, “Eso es zona cliente, ¿qué hacía ahí?”, “Si está muerto es porque de seguro se lo buscó”. 

La lista de frases que dan cuenta de la antipatía y disculpan la violencia en nuestro país pareciera ser infinita, reflejando lo poco o nada que nos importan los asesinatos producto de la guerra -claro porque no es Covid, no afecta a mi familia y se dan por allá lejos-. Y no sólo es nuestra indiferencia, sino el descaro del gobierno Duque, quien jura luchar y trabajar por la vida de todos, en la emisión presidencial diaria de las seis de la tarde, pero a la hora de actuar es el más ciego en notar la  presencia de la guerra y  los crímenes recurrentes en las ciudades y los pueblos de Colombia.


El asesino danza 

la Danza de la Muerte. 

A cada paso suyo 

alguien cae 

sobre su propia sombra.

 

(María Mercedes Carranza, Canto 8 El DONCELLO)


Según los informes del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) después del Acuerdo firmado en el 2016, hasta julio del 2020 han muerto 971 personas como campesinos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, afrodescendientes entre otros. El saldo de muertos en la primera mitad de este año es de 241 personas; durante el gobierno Duque la tasa de asesinatos equivale al 65% de los últimos cuatro años con un total de 631 homicidios -sin tener en cuenta las masacres de los últimos dos meses- a causa del conflicto armado. Estas cifras dan cuenta de un panorama de violencia sistematizada que, ciertamente, refleja el retorno de una guerra que reinó por más de 60 años en nuestro país. 


Como si estos números no fueran bastante preocupantes, una semana después de que se dieran tres masacres seguidas, murieran dieciocho niños y jóvenes, y no se tenga idea de lo que sucedió, los titulares de las noticias y las tendencias en Twitter siguen siendo las mismas de siempre: #BaresSinLicor, Maluma saca un álbum después de ruptura amorosa, #SevillaGanador, Uribe renuncia a su curul en el Congreso. Mostrando una agenda y opinión pública en la que se ignora la violencia que no sólo acaba con la vida de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, sino que así mismo está exterminando a comunidades enteras. 


Cae un cuerpo 

Y otro cuerpo. 

Toda la tierra 

Sobre ellos pesa.


(María Mercedes Carranza , Canto 13 URIBIA)


La violencia en nuestras montañas, ríos, campos y contra nuestros pueblos es el resultado de un Estado demasiado ocupado en otros asuntos y debilitado en sus fuerzas estatales e instituciones. Basta como ejemplo, el desplazamiento forzoso por el que tuvieron que  pasar los 93 miembros del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Santa Lucía, ubicado en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, para salvaguardar sus vidas ante la ausencia de garantías de seguridad en su proceso de reincorporación. 


La guerra latente y dura que se percibe hoy en día en nuestro país no es un asunto que sólo involucra a reincorporados y disidentes de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc). Es además, un conglomerado de delincuencia y grupos al margen de la ley que por medio del hostigamiento y la severidad de sus actos toman el control de comunidades enteras, a tal punto que se tornan habituales y se minimizan barbaries como las que ha vivido la sociedad colombiana durante el actual Gobierno. Y como si vivir una pandemia no fuera lo suficientemente mortal y preocupante, encima tenemos que cuidarnos de que no nos maten defendiendo nuestros principios en causas sociales.


Bajo 

el siseo sedoso 

del platanal 

alguien 

sueña que vivió.

 

(María Mercedes Carranza , Canto 3 TAMORALES)



La primera conclusión a la que se puede llegar es que la precariedad en términos de recursos físicos y humanos, que no logran responder de manera adecuada a la demanda de los bienes libres como la justicia, es la representación de la poca importancia que tiene para el Estado una rama judicial que realmente cuide a sus ciudadanos. Y esto conduce a una fragilidad moral porque, quien debe administrar la justicia permanentemente va a estar sopesando sus intereses personales, que devienen de sus necesidades particulares, en contraposición con el ejercicio adecuado de impartir derecho.


En consecuencia de la debilidad moral del sistema jurídico necesitamos de una autoridad externa como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que nos diga y sancione cuando algo está mal. Pero mientras eso pasa, seguiremos escuchando de hechos lamentables como las tres nuevas masacres que se perpetraron el pasado 21 de agosto. En la primera asesinaron a tres personas y fue en la zona rural del municipio de Tumaco, en Nariño. La segunda, ocurrió en el sector de El Caracol, en Arauca, en la frontera con Venezuela, la cual dejó cinco víctimas mortales. Y la tercera, sucedió en el corregimiento de La Uribe, zona rural del municipio El Tambo, en Cauca, donde resultaron muertas seis personas.


Finalmente, se puede deducir que por medio del contrato social cedemos al Estado nuestras libertades para que se nos proteja y se nos garantice la paz y esto, a su vez, nos imposibilita  para administrar justicia por nuestra propia cuenta. Más sin embargo, hemos llegado a una situación de encrucijada interna en donde como ciudadanos no presentamos resistencia ante la inoperancia del sistema jurídico y, terminamos colocándonos en una zona perversa de confort en donde la tragedia del otro nos es indiferente. 


Es necesario decir que la culpa de todo esto debe ser de alguien y si alguien tiene la culpa es el Estado, quien es el único encargado de administrar justicia por nosotros. Los asesinatos y tragedias no obedecen sino a la ausencia del poder estatal a la hora de poner límite a la violencia en el país a través de mecanismos idóneos que, le apuesten al fortalecimiento de la rama judicial y al debido cumplimiento de nuestras  garantías como sujetos de derecho. Pero hasta que lo anterior no pase, Colombia seguirá siendo un país que normaliza las muertes.

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