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Caso de Dilan Cruz: sin respuestas y ahora trasladado a manos de la Justicia Penal Militar

Según el Consejo Superior de la Judicatura, la Justicia Penal Militar debe continuar con el proceso en contra de Manuel Cubillos, miembro de la Policía Nacional que le disparó un cartucho de impacto controlado de un arma calibre 12 al joven, en medio de una protesta.


Protestas días antes que se confirmara la muerte de Dilan Cruz. Recuperado de: El País


La razón principal por la que se confirmó el traslado del caso a la Justicia Penal Militar es porque el uniformado se encontraba ejerciendo sus funciones en el momento de los hechos. Adicionalmente, el órgano judicial afirmó en el documento que “las declaraciones de los uniformados y de los funcionarios de la Personería de Bogotá son claras en cuanto sostienen que se trató de un asunto en donde debió repeler una manifestación que se tornó violenta, lo cual a juicio de esta Colegiatura se traduce en un acto del servicio”. También, que “una actuación delictiva tiene relación con el servicio cuando es realizada por un miembro de la fuerza pública y este se encuentra en cumplimiento o ejercicio regular de las funciones a él asignadas siempre y cuando la conducta ilícita tenga íntima afinidad con esas mismas funciones”, concluyendo que la Justicia Penal Militar es la indicada para esclarecer los hechos que ocurrieron el pasado 23 de noviembre en el marco del Paro Nacional.


El caso de Dilan Cruz lleva alrededor de 8 meses en controversia y no ha habido una respuesta clara frente a las acciones que se tomarán ante los hechos. El pasado 9 de marzo la familia Cruz interpuso una tutela pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia el traslado del expediente a la Fiscalía, hubo varios tropiezos pero finalmente el 23 de abril la Corte falló a favor y el caso regresó a ser materia de estudio en la Judicatura. Seguido a esto, debido a la suspensión de términos judiciales por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia y además las fallas en la comunicación, la determinación judicial se retrasó. Para el pasado 24 de junio se había programado la notificación a la Sala de Disciplinaria de la Judicatura, que nunca llegó y el proceso quedó varado.


Finalmente, la decisión tomada frente al traslado del caso a la Justicia Penal Militar no fue unánime y para los magistrados Camilo Montoya, Pedro Alonso Sanabria y Yira Lucia Olarte, miembros de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, “las cosas no están claras”. El magistrado Montoya añadió en su salvamento del voto que “el conocimiento del asunto debió ser asignado a la Justicia Ordinaria, pues las razones de la Sala Mayoritaria no resultan suficientes para fijarlo en cabeza de la Justicia Castrense. Ello por cuanto no es indubitable que los hechos en los que resultó lesionado el joven tuvieran plena relación con el servicio”.


Fuente: El Espectador

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