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Caso 03: Crímenes de Estado

Actualizado: hace 3 días


En los últimos días, los relatos presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la primera audiencia pública de reconocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales -comúnmente llamadas “falsos positivos”- vuelven a conmocionar al país. A pesar de que estos testimonios de barbarie no son nuevos, ni ajenos ante la opinión pública, jamás dejan de impactar e, inclusive, de doler.


Desde hace unos años, el país se encuentra en la implementación de un Proceso de Paz que, entre sus objetivos, pretende hacer del ejercicio de memoria un espacio en el que acciones como recordar y explicar nos ayuden a entender: ¿qué fue lo que realmente pasó en el conflicto armado interno? Razón por la cual la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) han trabajado por reunir la información suficiente para reconstruir el “pasado ausente, el de los vencidos” (Reyes, 2006), esa historia que no conocimos, o tal vez que no quisimos conocer.


Y justamente, uno de los capítulos de esta historia silenciada corresponde a los “falsos positivos” (Caso 03). Como lo muestra Indepaz: “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008” (Indepaz, 2021). Estos crímenes de Estado, en los que personas no combatientes y ajenas al conflicto fueron asesinadas, estuvieron estigmatizados por la versión “oficial” que nos contó la Fuerza Pública y el Gobierno de turno.


Pero gracias a un trabajo en el que se ha indagado en las heridas, lo invisibilizado y las voces no escuchadas, hoy por hoy, podemos reconocer una parte de esa historia; que aunque oscura y cruel, revela la verdad de estos crímenes de guerra del pasado y nos permite, de cierta forma, reivindicar las esperanzas fallidas de estos inocentes.


Si bien, estas ejecuciones extrajudiciales no son irrefutables, la versión “oficial”, hasta hace muy poco, persistió en vendernos la idea de que esto fue un accidente, unos cuantos casos aislados. Los 6.402 muertos no son unos cuantos casos aislados, sino parte de un proceso sistemático de exterminio por cuotas. Y el reconocimiento de estos hechos dan paso a que las víctimas puedan alcanzar su derecho a la verdad y a ser reconocidas. Sin olvidar que, como sociedad, nos ayuda a esclarecer ese capítulo que por mucho tiempo ignoramos.


Es por esto que, en esta oportunidad, quiero contarles cómo fue que la JEP investigó el modus operandi de los “falsos positivos”. Me parece importante que además de validar esta historia y a sus víctimas, sepamos cómo se ha trabajado para llegar a reconstruir una memoria colectiva en la que conocemos a sus responsables y lo que en verdad sucedió.


De acuerdo con la magistrada Catalina Diaz -de la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas- de la JEP, las ejecuciones extrajudiciales hacen parte de un universo de “hechos gigantes con miles y miles de víctimas”, en las que los investigadores debían priorizar y satisfacer la demanda de justicia, el tiempo y los recursos limitados.


Con una metodología de abajo hacia arriba, la JEP empezó escuchando a los victimarios que se encontraban en el nivel más bajo en la cadena de mando. Estos soldados, muchos de ellos condenados a 7 u 8 años de cárcel, o con investigaciones judiciales, vieron esta investigación como una oportunidad para obtener su libertad a cambio de contribuir con el esclarecimiento de la verdad.


La idea de hacerlo así, y no empezar por los altos mandos, era porque, precisamente, estas personas ya habían perdido mucho por sus actos y de alguna forma querían ser escuchadas y explicar por qué cometieron estos actos. Los investigadores del Caso 03 creían que esa estructura podría aportar más que un general o un coronel que, hasta ese momento, no habían tenido ninguna investigación en su contra.


(Recurso tomado de la JEP, https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html)


Según el Caso 03, en donde se hace pública la estrategia de investigación del caso, habían seis territorios (Antioquia, Casanare, el Caribe, Huila, Meta y Norte de Santander) en los que en función del número de hechos y víctimas, se podía evidenciar un escalamiento crítico. Pero, si estos casos eran efectivamente aislados como lo hicieron ver, ¿cómo fue posible que se repitieran estas mismas prácticas criminales en lugares tan alejados entre sí?¿Qué hacía que esto se repitiera con tanta similitud?


A la fecha, se han escuchado a más de 388 personas en declaración voluntaria, y por medio de sus testimonios los investigadores de la JEP lograron identificar y probar que, para ese momento, el cuerpo del abatido se traducía como un éxito militar. Llegar con bajas en combate se convirtió en un indicador que se le exigía a los militares de todos los niveles.


De acuerdo con la magistrada Díaz, con frases como: “A mí no me traiga capturas, a mí tráigame bajas”, se propagó una operación criminal, que se disfrazó de legalidad. Y como si fuera sacado de una película de horror, este discurso se convirtió en una cruel práctica que por más de seis años, afectó a muchísimas familias en Colombia. El Caso 03 es un claro ejemplo de cómo la cosificación de los humanos es real y se materializa; estas ejecuciones extrajudiciales terminaron siendo como el típico trabajo de una empresa de la cual se espera la entrega de unos resultados, con la diferencias de que estos “resultados” eran muertos.


La investigación demostró que sí existía un perfil de víctimas, es decir, los militares buscaban un tipo específico de personas para asesinar. Lo que se percibió fue que, en esta práctica, se usaron como sustento prejuicios de clase y de raza que hicieron que algunos ciudadanos -campesinos, recicladores, jóvenes, trabajadores informales y, en sí, personas vulnerables económica y socialmente- fueran vistos como insignificantes para la sociedad, lo que implicaba que su vida tenía menos valor que la de los demás y a partir de este pensamiento se normalizó un discurso en el que quienes encajaban dentro del perfil no tenían derecho a la vida.


Se empezó a dar un negocio con civiles reclutadores que conseguían, en su mayoría, a hombres jóvenes de diferentes zonas y los trasladaban a otras partes de Colombia para asesinarlos, y así se disimulaba su actuar. Con falsas promesas de trabajo y nuevas oportunidades, se cometió una práctica generalizada que, desde sus inicios estuvo cobijada en lo institucional. La supuesta lucha contra el terrorismo y los grupos al margen de la ley, se convirtió en un patrón que inflaba criminalmente las estadísticas de “batalla y esfuerzo” para probar que el Gobierno y la Fuerza Pública estaban ganando la guerra interna.


Por más de 20 años, muchas familias han tenido que vivir su dolor en silencio, sin derecho a hablar por miedo a ser estigmatizados por la sociedad. Y precisamente, conocer el pasado oculto de este tipo de crímenes de Estado, nos permite descubrir la historia de los silenciados, y darle voz a las víctimas y a sus familias.


Nada puede recompensar el dolor de tantas familias colombianas, nadie puede devolverle la vida a estas más de 6.402 personas, pero el reconocimiento de responsabilidad, la eliminación de prejuicios contra las víctimas y la verdad, pueden ayudar a que todas están víctimas sientan que de alguna forma la honra y el buen nombre de sus muertos ha regresado.


“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”.

Eduvina Becerra, víctima del Catatumbo en la primera audiencia pública de reconocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales, 2022.





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