#EnContexto

AMÉRICA EN UNA SEMANA

Coautora: María José Barrios Figueroa


Esto es lo que pasó en América del 15 al 19 de febrero del 2021:


Maduro pidió que se “limpien los cañones” en caso de que Colombia viole la soberanía venezolana


El mandatario venezolano respondió así a las afirmaciones del presidente colombiano, Iván Duque, sobre el comando que creará para combatir las disidencias de las FARC y del ELN que residirían en territorio venezolano, supuestamente bajo la protección de Nicolás Maduro.


Recuperado de: NTN24


Tras el anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, acerca de la creación de un comando especializado contra el narcotráfico y “otras amenazas transnacionales” que combatirá “las cabecillas del narcoterrorismo oculto en Venezuela”, el presidente Nicolás Maduro respondió, asegurando que no dejará que las Fuerzas Armadas colombianas toquen suelo venezolano. De acuerdo con Maduro, el gobierno colombiano lleva haciendo las mismas afirmaciones desde hace 22 años y contestará con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si Duque “se atreve a tocar un milímetro de territorio venezolano”.

“Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares, no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”

Las autoridades colombianas han hecho repetidas veces denuncias sobre la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las FARC en Venezuela. Incluso, el 6 de febrero, la revista Semana publicó unas imágenes en las que se ven jefes armados que, supuestamente, se encuentran en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro señaló que estas acusaciones eran un “refrito” utilizado para “desviar la opinión pública colombiana de los graves problemas que hay con la pandemia”. Añadió que la zona ha sido, desde inicios del conflicto armado, abandonada por el Estado colombiano.


Maduro criticó también el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, llamándolo una forma de “lavarle la cara” al presidente Iván Duque. De acuerdo con él, los migrantes colombianos en Venezuela nunca han necesitado protección especial. La Cancillería colombiana respondió a las acusaciones del presidente Maduro, calificándolas de crueles e indiferentes con la crisis humanitaria que vive la población venezolana.


Fuente: El Espectador & Infobae

 

Colombia empieza plan de vacunación con 50.000 vacunas


El pasado lunes se hizo oficial por parte de Iván Duque, mandatario colombiano, la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19 provenientes de la farmacéutica Pfizer.


Recuperado de: El País


Según el protocolo del Plan de Vacunación Nacional, el décimo país de Latinoamérica en iniciar con la inmunización de su población inició en el territorio de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, y siguió con Montería, capital de Córdoba. Seguido a esto, el día jueves el plan de vacunación inició en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla, junto a todo el departamento de Cundinamarca. El viernes llegó el turno de Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar. El día de hoy seguirán Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué, y entre el próximo lunes y martes estarían previstos Yopal, Florencia, Arauca, Mocoa, Villavicencio, San Andrés, San José del Guaviare, Santa Marta y Puerto Carreño.

“Con la llegada de estas 50 mil vacunas vamos a inmunizar al personal que trabaja en primera línea. El segundo envío de vacunas llegará la próxima semana con otras 50 mil dosis y se espera vacunar a un número igual, y con el tercer lote, pasados los 28 días se aplicará la segunda dosis”- Fernando Ruíz, Ministro de Salud

Las primeras 50.000 dosis van dirigidas al 16% de trabajadores de la salud de primera línea en cada una de las regiones designadas, después, se tiene previsto iniciar con la vacunación de mayores de 80 años completando la primera de las cinco etapas del Plan de Vacunación Nacional. Mientras tanto, el Presidente de Colombia anunció en la jornada de vacunación de Montería la llegada de otras 50.000 dosis también provenientes de Pfizer para el próximo 24 de febrero. Adicionalmente, junto al Ministerio de Salud también se confirmó 192 mil dosis Sinovac que arribarán este domingo y provienen de China.


Cabe aclarar que aunque la llegada de una vacuna al territorio colombiano significa el inicio concreto de un plan masivo de inmunización, su cantidad apenas cubre el alrededor del 0.01% de la población total. Sumado a esto, las críticas sobre el Gobierno Colombiano frente a la distribución de las 50.000 vacunas surgieron tras la baja cantidad de dosis destinadas al departamento del Amazonas, el cual se ha visto afectado tremendamente por los contagios en la frontera brasileña que se originan principalmente en el municipio de Leticia. Al departamento se le asignaron tan solo 54 vacunas dentro del primer lote que llegó a Colombia, ahora con la llegada de las 192 mil dosis de China, el Ministerio de Salud confirmó que se extraerán 50 mil de allí para dar inicio a un plan epidemiológico excepcional en la zona amazónica.


Fuente: Portafolio | El País | El Tiempo

 

Paro del sector sanitario en Bolivia podría continuar indefinidamente


El presidente del Colegio Médico de Bolivia anunció que el sector sólo entablará diálogo si se deroga la Ley de Emergencia Sanitaria. El paro comenzó porque esta no fue acordada con los profesionales de la salud y, de acuerdo con ellos, vulnera sus derechos.


Recuperado de: Yahoo Vida y Estilo


Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia aseguró que el paro del sector de la Salud terminará cuando la Ley de Emergencia Sanitaria sea derogada. El paro, que fue declarado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), irá hasta el 28 de febrero, a menos de que las peticiones del sector sean escuchadas. De acuerdo con los profesionales de la salud, la ley fue promovida sin su consentimiento y viola sus derechos, por lo que presentarán un recurso de inconstitucionalidad.

“El dialogo está abierto, el pedido reiteramos es la abrogación, que se abrogue, si el gobierno tiene la idea, la voluntad política de retomar el tratamiento de esta ley como debería ser, prácticamente estaríamos abiertos a aquello, esto cortaría el conflicto, y retornaría la normalidad a salud”

La Ley de Emergencia Sanitaria entró en vigencia el 17 de febrero, a pesar del firme rechazo del sector salud. La ley cuenta con 36 artículos y 7 disposiciones generales y fue sancionada por la Asamblea Legislativa. Los profesionales de la salud han dicho que la norma viola sus derechos, pues prohíbe su derecho a la protesta y permite que se contraten médicos que provengan del exterior.


Después de que se conociera la información de la promulgación, los colegios médicos decidieron convocar un encuentro del Conasa para iniciar la huelga. Según el sector, pidieron al mandatario peruano reuniones para poder revisar la ley y aprobarla, sin embargo, estas reuniones nunca sucedieron. Las autoridades gubernamentales, por otra parte, aseguran que la norma fue aprobada con las modificaciones hechas por los médicos y que el desconocimiento de los otros sectores se trata de intereses políticos.


La rama legislativa y la ejecutiva han criticado fuertemente el paro. Jorge Richter, el vocero presidencial, aseguró que la norma no será derogada y ratificó su vigencia. Asimismo, el ministro de Salud, Jheison Auza, pidió al sector que entablaran diálogos con el Gobierno. Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, aseguró que el paro era “inhumano”.


Fuente: Los Tiempos

 

Denuncian abuso a menores en albergues de Panamá


El Ministerio Público de Panamá recibió el pasado martes un informe por parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá acerca de supuestos abusos a menores por parte de sus cuidadores en albergues infantiles.


Recuperado de: Agencia EFE


El informe entregado indica que decenas de menores de edad fueron abusados sexual, física y psicológicamente por sus cuidadores durante los últimos años en al menos una decena de albergues panameños tras el minucioso estudio por parte de diputadas al interior de dichos centros. A pesar que una gran parte de los albergues son gestionados por organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos, casi la mitad de ellos se encontraban bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Por esto, uno de los grandes objetivos de la comisión es determinar la responsabilidad del organismo que debía estar encargado de garantizar la seguridad y proteger a la niñez.

“Lo que más nos impactó fue cómo se abusaba de menores discapacitados, de niños que ya presentaban patologías. Fueron los más vulnerables, porque tienen dificultad para comunicarse y muchos son niños en estados de abandono que quedan a su suerte. En estos momentos no tenemos una institución que vele por estos niños panameños” -Walkiria Chandler D´Orcy, diputada de la comisión

Adicionalmente, una publicación hecha por el diario independiente Foco Panamá reveló y constató las irregularidades existentes frente al trato hacia los menores albergados, incluyendo abusos a niños y niñas con discapacidades mentales y posible trata de niñas en la Fundación Chilibre Panamá, albergue ubicado en el corregimiento de Tocumen. A raíz de la publicación de este reportaje se llevó a cabo el allanamiento del albergue por parte de la Senniaf, y además, impulsó la investigación que se extendió hasta albergues con menores vulnerables en las zonas de Panamá Oeste, Veraguas, y Coclé. Por esto, la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera, se pronunció ante los hechos y señaló que el Gobierno actual ha cerrado albergues por incumplimiento de la legislación.


Tras la indignación provocada por las denuncias, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) emitió un comunicado donde reconoció la existencia de “deuda histórica en el cumplimiento de los derechos de la niñez en los albergues”. Por su parte, el actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, instó al Mides a presentar un proyecto de ley que permita aumentar las sanciones a abusadores de menores. Cabe aclarar que, según los datos proporcionados en agosto de 2020 por la Senniaf, ese año había 942 menores de edad albergados en Panamá. El 49% se encontraban bajo el cargo en la institución pública, mientras que el resto dependía de juzgados de la niñez (24%), tutelas familiares (17%), el Mides (8%) o incluso hospitales (2%).


Fuente: El País | La Noticia

 

El Congreso brasileño se opone a facilitar el acceso a las armas


El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, emitió cuatro decretos la semana pasada que permitirían el fácil acceso a armas de fuego y municiones por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el Congreso ha mostrado su resistencia con proyectos para revocar estas normas.


Recuperado de: Gazeta do Provo


El Congreso brasileño ha mostrado su resistencia a las iniciativas que emitió Bolsonaro el sábado, que se tratan de cuatro decretos que facilitan la adquisición de armas y municiones por parte de la ciudadanía. Tanto la oposición como los aliados del gobierno han dicho que se presentarán proyectos de ley para revocar los decretos y aseguran que lo importante para Brasil ahora deberían ser las vacunas y no las armas. De la misma manera, consideran que el presidente no puede cambiar las reglas sobre acceso a armas sin pasar primero por el Congreso.

“Es absolutamente irresponsable promover un derrame de armas como el propuesto por el gobierno en la sociedad brasileña. El resultado de esto, lamentablemente, será un país más violento con más personas inocentes muriendo” -senadora Eliziane Gama

Entre los congresistas que se oponen se encuentran Eliziane Gama, Daniel Coelho y Marcelo Freixo. Gama presentó cuatro proyectos para revocar los decretos del presidente; Coelho y Freixo han dicho que harán lo mismo. El vicepresidente de la Cámara, Marcelo Ramos, apuntó que Bolsonaro se sobrepasó en sus competencias al redactar los decretos. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, dice que Bolsonaro no invadió la competencia del Congreso pues sólo modificó los decretos existentes.


El presidente había anunciado previamente que haría algo con respecto a estas normas, pues “el ciudadano de bien ha sido durante mucho tiempo desarmado”. Esta fue una de sus propuestas en la campaña del 2018, pero nunca antes había sido aceptada completamente, debido a modificaciones o anulaciones por parte de las ramas legislativa y judicial. Aunque el presidente asegure que es una medida para la “autodefensa”, los expertos en violencia y seguridad pública dicen que estas medidas podrían aumentar la delincuencia y los homicidios.


De acuerdo con los decretos, los ciudadanos con licencias pueden adquirir hasta seis armas y 2.000 municiones por año. Los certificados de “capacitación técnica” que se necesitan para poder adquirir las armas pueden sustituirse por una declaración de un club de tiro a la que la persona asista “habitualmente”. Además, las personas que son miembros de estos clubes podrán comprar hasta 60 armas por año, sin necesitar del permiso del Ejército.


Fuente: O Globo & Infobae

 

FIDH denuncia represión contra civiles y adversarios de Daniel Ortega en Nicaragua


La Federación Internacional de Derechos Humanos advirtió sobre estructuras armadas estatales y paraestatales que operan en Nicaragua con el objetivo de amedrentar civiles y “cerrar espacios” para opositores del actual mandatario Daniel Ortega.


Recuperado de: El Periódico


Por medio del informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua ¿Hasta cuando?” publicado por directivos del FIDH, se resume la crisis social tras la revuelta de abril del 2018 contra el régimen de Ortega y alerta sobre la actual situación que atraviesa el país centroamericano con las elecciones presidenciales que se celebrarán el 8 de noviembre de este año. El documento que consta de 90 páginas prueba 113 ejecuciones extrajudiciales de alrededor de 328 personas asesinadas a mano de policías y militares en medio de protestas entre el 2018 y el 2019. La FIDH asegura que para impedir levantamientos en su contra, Ortega cuenta con “un gran engranaje político que incluye a funcionarios del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y grupos paraestatales organizados con elementos del partido del régimen Frente Sandinista.”

“Son las mismas estructuras que asesinaron en 2018 que hoy en 2021 aterrorizan a la sociedad civil, a periodistas, a representantes de la iglesia, a la oposición política, vigilándolos, deteniéndolos de forma arbitraria y hostigándolos” -Jimena Reyes, directora para las Américas del FIDH

Además, el informe señala a las autoridades estatales de dirigir, coordinar y consentir las acciones de las estructuras paraestatales utilizadas en contra de quienes se consideran enemigos del régimen orteguista; o bien han apoyado el reclutamiento de jóvenes en los grupos de choque. También que, la represión estatal continúa con el mismo objetivo de control y neutralización frente a sus “enemigos”, además del uso de un ambiente de terror generalizado para ejercer control sobre la población e inhibir cualquier expresión contra el régimen, a pesar de las sutiles modificaciones que ha intentado implementar.

“Este informe es una respuesta a la represión estatal. Un trabajo invaluable que muestra que la sociedad civil, las ONG, las personas de derechos humanos y la población en general no se callará” Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH

Se prevé que el 7 de noviembre Nicaragua celebre elecciones presidenciales y también que, Ortega se postule nuevamente para ejercer su sexto periodo en el mandato del país centroamericano. Este acontecimiento no solo crea un tenso ambiente político sino que genera un aumento por parte de la población para manifestarse en contra de la represión estatal que se ha vivido por más de 13 años en Nicaragua. Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH asegura que el país está sumido en una grave crisis democrática y humanitaria, producto de la administración orteguista que se convirtió en un régimen autoritario arremetiendo contra la población civil y cerrando los espacio sociales de participación política.


Fuente: Diario Las Américas



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