#EnContexto

AMÉRICA EN UNA SEMANA

Coautora: Laura Beltrán Gualteros



Esto es lo que pasó en América entre el 28 de junio y el 4 de julio:


En duda el futuro político de Donald Trump tras imputación a su emporio y a su jefe financiero por fraude fiscal

El expresidente de EE.UU es acusado por la Fiscalía de Manhattan de defraudar al fisco por 15 años y ocultar ingresos por un valor aproximado de 1,7 millones de dólares.

Recuperada de: The Guardian.

Pese a que este jueves salió ileso de la imputación por la Fiscalía, la acción de la justicia entorpecería sus planes políticos que incluyen una supuesta candidatura a la presidencia en el 2024. El órgano acusó a Trump de llevar a cabo un plan “aplastante y audaz” para llevar a cabo el fraude fiscal y ocultar millonarios valores, lo que le permitió evadir alrededor de 900.000 dólares en impuestos. Por otro lado, su jefe financiero, Allen Weisselberg, se entregó en la oficina del fiscal tras concluir una investigación criminal sobre supuestos pagos suntuarios no declarados.


A Weisselberg se le acusa de recibir beneficios como apartamentos, autos de lujo y matrículas en instituciones educativas privadas para al menos uno de sus nietos sin declararlos. Para la ciudad, la presentación de cargos contra la Organización Trump era un secreto, hasta que a finales de mayo la Fiscalía convocase a un gran jurado.


Actualmente la solvencia de la marca Trump está en duda, ya que aunque se haga uso de la imputación para aumentar su popularidad, el republicano podría verse afectado por un juicio a víspera de las elecciones de 2024. Aún así, con la declaración de inocencia de Weisselberg el pasado sábado, la elevada cantidad de cargos podría empujarlo para colaborar con la justicia.


Fuente: Los Ángeles Times

 

Lista Engel: 20 guatemaltecos señalados por corrupción

El listado fue publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. e incluye a 55 funcionarios y ex funcionarios de Centroamérica que son sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en los Estados que forman el Triángulo Norte de Centroamérica.

Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala que aparece en la Lista Engel. Recuperada de: Notimérica.

El jueves 1 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Lista Engel, en la cual 20 funcionarios y ex funcionarios guatemaltecos aparecen señalados de corrupción. Según el gobierno estadounidense, la lista se difunde en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte” (El Salvador, Honduras y Guatemala), aprobada en diciembre. La lista incluye funcionarios corruptos y antidemocráticos que no podrán recibir la visa estadounidense ni podrán entrar al país.

“Nosotros pensamos que tenemos información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista”-Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado.

Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, aseguró que esta es una de las herramientas que tiene EE. UU para luchar contra la corrupción y la impunidad. Además, afirmó que no se han descartado otras medidas contra los señalados, sobre todo si los actos delictivos están relacionados con el sistema estadounidense. De todas maneras, puntualizó que no hay un “vínculo automático” entre la violación de leyes de EE.UU. y los actos de corrupción en el Triángulo Norte.


Para ver a los guatemaltecos involucrados y los respectivos delitos por los cuales son acusados, de click aquí.

“Hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que están trabajando de una forma que no es consecuente con sus requisitos como servidores públicos; eso también mina la confianza de los ciudadanos””-Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado.

En la lista se encuentran los diputados Estuardo Vargas y Boris España; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Duarte; e incluso el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Aunque algunas de las personas señaladas se negaron a comentar, otras, como el diputado España, aseguró que está buscando ayuda legal para defenderse de las acusaciones.


Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, ha dicho que muchas de las personas señaladas no generan sorpresa, pues ya estaban en listas antes de casos de corrupción, pero que esta es de mucha ayuda en señalar “un hilo conductor” que se enfoca en “la influencia indebida del sistema de justicia”. De la misma manera, José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional, cree que la Lista Engel es una “hoja de ruta” para reconocer las deficiencias, pero son los guatemaltecos los que deben solucionar estos problemas.


Sin embargo, no todo el mundo respalda la lista, pues creen que es una violación a la presunción de inocencia. El investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Francisco Quezada, consideró que incluir a los líderes de la Fundación contra el Terrorismo, entidad que ha criticado continuamente el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), genera un precedente para la libertad de expresión:

“No se está hablando de personas que hayan sido condenadas, citadas, oídas y vencidas en un juicio; son presunciones. Bajo el aspecto migratorio, es la libertad de cada país abrir o cerrar sus puertas, pero bajo el aspecto de endilgarle a alguien la comisión de acciones delictivas, cuando no han sido condenado, sí resulta una vulneración a principios fundamentales de derechos humanos”.

Fuente: Prensa Libre

 

Elisa Loncón, representante mapuche será presidenta de la Convención Constitucional de Chile

En su primera vuelta, Loncón logró 58 votos a favor y culminó su elección en segunda con los votos de los representantes de los pueblos originarios de la Lista del Pueblo, del Frente Amplio y de varios independientes.

Elisa Loncón. Recuperada de: Zona Cero.

La redacción de la nueva Constitución de Chile que sustituirá la anterior aprobada en 1980 en el marco de la dictadura del general Augusto Pinochet, dio pie a la actual constituyente que busca ser inclusiva. Tras su larga crisis de deslegitimidad institucional y política, abrió este domingo oficialmente el proceso para escribir la nueva Constitución, mediante un camino democrático. Esta será la primera en el mundo redactada por un órgano paritario y la primera en el país que incluirá a los pueblos indígenas, un grupo que compone el 12.8% de la población que nunca ha sido reconocido en la ley fundamental.


Aún no se conoce con exactitud las atribuciones que tendrá la presidenta de la Constituyente, pero su nombramiento representa un acto simbólico e histórico que abre un camino, que ha costado miles de vidas, a la representación por parte de mujeres e indígenas. Loncón actualmente ocupa uno de los 17 escaños dirigidos a indígenas dentro de la Convención Constitucional, de los cuales siete fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del kawésqar, rapanui, yagán, atacameño, diaguita, colla y chango.


Dentro de los objetivos que tiene la nueva Constitución se incluye la plurinacionalidad, con el fin de reconocer las lenguas, culturas y territorios de pueblos originarios. Adicionalmente, dentro de dichas instancias se designó a los presos de las protestas sociales como “presos políticos.


Fuente: El Nuevo Siglo

 

Corte IDH condena a Honduras por el asesinato de una mujer trans

El caso es del 2009 y ha permanecido impune desde entonces. La Corte asegura que el Estado de Honduras violó los derechos de Vicky Hernández.

Recuperada de: Resumen Latinoamericano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras como el responsable internacional del asesinato de Vicky Hernández en junio de 2009, una mujer trans que fue trabajadora sexual y activista reconocida. Hasta el momento, el caso está impune y su muerte no ha sido investigada por las autoridades hondureñas.


Los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2009, cuando Vicky Hernández se encontraba en la vía pública de San Pedro Sula junto con dos compañeras. Ese día, había sido decretado un toque de queda por un golpe de Estado que se encontraba en desarrollo. Una patrulla de la Policía había intentado arrestarlas, pero ellas escaparon. Sin embargo, Hernández fue encontrada al día siguiente con heridas de arma de fuego.


La Corte señaló que hay varias razones para evidenciar la participación de agentes de la fuerza pública en el asesinato de Hernández. El Tribunal declaró que el Estado es “responsable por una violación a los derechos humanos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión y al nombre y que incumplió con la obligación establecida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su perjuicio”.

“Este caso, era muy relevante el hecho de que Vicky Hernández era una mujer trans trabajadora sexual, que vivía con VIH, y desarrollaba una actividad en defensa de los derechos de las mujeres trans”

En la sentencia, la Corte aclaró que las agresiones en contra de Hernández se dieron en un contexto de violencia contra la comunidad LGBTIQA+ y, sobre todo, en contra de las mujeres trans que son trabajadoras sexuales. Así, Hernández se encontraba en una “posición particular de vulnerabilidad” que las investigaciones de las autoridades hondureñas fallaron en reconocer. El Estado reconoció de manera parcial su responsabilidad.

“Las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales y que la orientación, la identidad de género o la expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención Americana”

La Corte decretó medidas de reparación frente al caso de Vicky Hernández, entre las que se encuentran promover las investigaciones sobre los hechos e implementar un plan de capacitación para la fuerza pública. Asimismo, se pidió que se adoptara un procedimiento de reconocimiento de la identidad de género y un sistema de recopilación de datos y cifras sobre casos de violencia hacia las personas de la comunidad LGBTIQA+.


Fuente: La Prensa

 

Organizaciones feministas denuncian alza de casos de feminicidios y abandono estatal en El Salvador

Este domingo se llevaron a cabo protestas de centenares de mujeres denunciando el aumento de casos por violencia de género y exigiendo una política pública que condene y prevenga los feminicidios.

Recuperada de: La Prensa Gráfica

La integrante de la Colectiva feminista Amorales, Keyla Cáceres, aseguró que en lo que va del 2021 los feminicidos se han elevado más del 60% con respecto al 2020. Además, añadió que las unidades especializadas han disminuido, especialmente la atención policial a las mujeres víctimas de violencia machista que no responde por falta de personal. También denunció que las autoridades salvadoreñas no le dan crédito a las denuncias de violencia de género y no responden adecuadamente.


En el primer trimestre del 2021, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 28 feminicidios, datando un alza del 115% más que en los tres primeros meses del 2020, cuando se registraron 13 casos. Las cifras de la plataforma de transparencia de la Policía Nacional Civil evidencian que para el 2020 se registraron 70 feminicidios en todo el país, de los que el principal grupo de víctimas es el de mujeres entre los 25 y 29 años de edad.


El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos para las mujeres, según Amnistía Internacional, ya que solo entre 2016 y 2017 se registró una tasa de feminicidios de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, por encima de lo considerado internacionalmente como una epidemia.


Fuente: ElSalvador.com

 

Gobierno argentino avanzará en la compra de vacunas estadounidenses

Por medio de modificaciones a la ley de vacunas, el gobierno argentino podrá empezar a cerrar acuerdos con Pfizer y Moderna para la compra de vacunas.

Recuperada de: Diario AS

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Argentina introducirá una serie de modificaciones a la ley de vacunas para así poder cerrar acuerdos con laboratorios norteamericanos que producen vacunas contra el Covid-19. Las negociaciones comenzaron el año pasado, pero existían impedimentos legales que no permitían concretar la compra con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. De todas maneras, todavía no se han firmado los contratos.


El DNU hará cuatro cambios, entre los cuales resaltan dos:

  • Se creará un “Fondo de Reparación Covid 19” para responder por el pago de indemnizaciones en casos en los que una persona sea perjudicada por la vacuna.

  • Se suprimirá la “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los laboratorios, eximiéndoles de un resarcimiento económico a un paciente perjudicado por la vacuna.

“La negociación con los laboratorios americanos se trabó y el presidente se cansó. Lo resuelve por decreto”

Aunque Pfizer realizó parte de sus ensayos en Argentina y fue la primera vacuna en ser aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la ley de vacunas no era compatible con algunas exigencias del laboratorio. Con los cambios introducidos por el decreto, se permitirá la inmunización a niños y adolescentes que padecen de enfermedades graves, así como recibir la donación de dosis de vacunas de Joe Biden a América Latina.

La oposición criticó la demora del gobierno de modificar la ley. El jefe de los diputados radicales, Mario Negri, afirmó que la decisión se tomó porque el gobierno tenía encima a “padres y madres porque 100 mil niños no podían recibir la vacuna” y este vio que “la bofetada moral no tenía límites”. El diputado Juan Manuel López, de Coalición Cívica, señaló que la demora se debió a “la obsecuencia del Presidente a su Vice”. El diputado Alfredo Cornejo aseguró que este decreto no “subsanará el fracaso de la gestión de la pandemia”.

Fuente: La Nación

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