#EnContexto

AMÉRICA EN UNA SEMANA

Coautora: María José Barrios Figueroa


Esto es lo que pasó en América entre el 24 y 28 de mayo:


Proyecto de ley se discute en Chile para indultar a los detenidos en el estallido social del 2019


La propuesta fue impulsada por la oposición y pasará a la comisión de Constitución del Senado. De ser aprobada, beneficiaría a los imputados en prisión preventiva desde el 2019, quienes aseguran que no ocurrió el “debido proceso”.


Recuperado de: La República


La Comisión de Seguridad del parlamento apoyó la idea de presentar un proyecto de ley que indulte a las personas que fueron detenidas en el estallido social que ocurrió en Chile en 2019. Este proyecto sería un indulto humanitario para todas las personas que hayan sido detenidas y sigan en prisión preventiva. El número de detenidos varía de acuerdo con la autoridad. Según la Corte Suprema, sólo hay 26, mientras que la ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, asegura que son casi 800.


“Más allá del indulto, lo que este proyecto busca es la impunidad de aquellas personas acusadas, imputadas, formalizadas o condenadas por delitos cometidos entre el 7 de octubre y diciembre de 2019. (...) ¿Qué es lo que dice el proyecto? Dice que aquellos delitos graves ocurridos en el contexto o con ocasión de una manifestación son impunes” -subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Varios parlamentarios se opusieron a la medida, entre ellos Iván Moreira y Felipe Kast. El senador Moreira ha dicho que con este indulto no se investigará ni castigará a nadie. Asimismo, funcionarios del Gobierno afirman que con la medida lo que se busca es la impunidad, como apuntó Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior. De la misma manera, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, calificó la medida como una “amnistía camuflada”, que está pasando por encima de los tribunales.


“Las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar estos hechos no como si esto fuera una situación de normalidad, sino como una situación de excepción que significó el quebrantamiento de nuestra convivencia” -Senador Francisco Huenchumilla.

Por su parte, la oposición celebró la medida. La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, afirmó que lo ocurrido con las personas que fueron detenidas era “absolutamente inaceptable, porque no ha habida un debido proceso y existe una clara discriminación”. El senador Francisco Huenchumilla, quien junto a José Miguel Insulza y Jaime Quintana apoyó la medida, dijo que el estallido social fue una situación de excepción, y se deben juzgar como tal.


De acuerdo con la Fiscalía Nacional serían 25 las personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. En un reporte, la Fiscalía informó que todos son adultos y se les han imputado presuntos delitos de incendio, homicidio, porte ilegal de armas y activación y lanzamiento de bombas molotov. Ya 8 de ellos tiene acusación formal de la Fiscalía y podrían enfrentar hasta 20 años de presidio.


Fuente: La Tercera


 

Cambio de parecer: el Gobierno Duque le daría entrada a la CIDH después de haberse negado a su visita


Tras las numerosas denuncias sobre violaciones DDHH en el marco del Paro Nacional, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez negó la entrada a la CIDH a principios de semana, pero tres días después se dio una supuesta luz verde para la visita.


Recuperado de: La Nación


El lunes pasado se llevó a cabo una reunión entre la vicepresidenta y canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde no se autorizó la visita el órgano internacional al país. Según Ramírez, esto se debía a que debía esperarse a que las instituciones nacionales encargadas realizaran sus respectivas labores en materia de cumplimiento de Derechos Humanos a los manifestantes en el Paro Nacional. Además, añadió que el Gobierno invitaría a la Comisión “una vez entregados informes solicitados por la misma #CIDH a autoridades colombianas y se haya surtido la audiencia convocada para el 29 de junio”, según el diario El Tiempo.


Días después, el presidente Iván Duque se pronunció en el Diálogo Interamericano y el Centro Wilson ante la negativa, y afirmó que este Gobierno “no tiene nada que ocultar”, dando a entender que finalmente la CIDH tiene vía libre para realizar la visita. Adicionalmente, el pasado jueves 27 de mayo el Gobierno le hizo llegar una carta a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, extendiendo la invitación a visitar al país. En el documento, la vicepresidenta reiteró la “necesidad” de que el organismo se pronuncie ante los bloqueos producidos en el marco del Paro Nacional: ““Les recordamos que acordamos que ustedes harían alguna expresión en su comunicado dirigida a solicitar que cesen cuanto antes los bloqueos que ocasionan la grave perturbación que viene afectando a millones de colombianos poniendo en peligro la vida y el acceso a los derechos básicos como alimentación, trabajo de millones de colombianos con lo cual generan el sustento necesario para sus familias”, añadió.


Aún así, Carlos Camargo Defensor del Pueblo, sugirió que la visita de la CIDH se lleve a cabo antes del 29 de junio, dadas las múltiples denuncias que surgen día a día en el mes que se ha registrado de Paro. ““La visita permitiría que los miembros de la Comisión Interamericana tengan información real y completa, puedan interactuar personalmente con todos los actores y, de esta forma, contribuya a fortalecer los escenarios para la garantía de los derechos humanos”, manifestó Camargo. Además de la anticipación, recomendó que para la logística se adelantara una reunión con uno de los delegados de la CIDH y pidió que, en caso de que se hiciera, se le hiciera partícipe.


Fuente: El Tiempo | El Espectador


 

Violencia en Ecuador sigue en aumento


Dos veces se ha reunido el Consejo de Seguridad del Estado para tratar de solucionar la inseguridad ciudadana que hay en todo el territorio nacional.

Recuperada de: Policía Nacional del Ecuador


Tan solo en los primeros tres meses del año, Ecuador reportó 522 muertes violentas a lo largo del territorio nacional. La ciudadanía y las autoridades se encuentran preocupadas, pues estas dinámicas podrían estar relacionadas con bandas criminales así como con el envío de droga de mafias por medio de puertos marítimos. El 27 de mayo ocurrió la segunda reunión del Consejo de Seguridad en lo que va del mes para discutir posibles soluciones a la crisis de seguridad. La información allí discutida se maneja bajo reserva.


Al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) que tuvo lugar el 24 de mayo asistieron el presidente Guillermo Lasso, el ministro de de Defensa, Fernando Donoso; el ministro de Gobierno, César Monge; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera; y la comandante de la Policía, Tannya Varela, entre otras personas. De acuerdo con el ministro de Gobierno, buscan acabar con el narcotráfico en Ecuador y estarían dispuestos a recibir ayuda internacional, pues las mafias de tráfico de drogas “permean en el sistema interno de Ecuador”.


Después de la reunión del 24 de mayo, el presidente afirmó que una “cooperación integral” sería esencial para frenar las mafias, con un trabajo conjunto entre la Asamblea, la Corte Nacional, la Fiscalía y el Ejecutivo. Lasso ha dicho que la lucha contra las mafias y el narcotráfico será un punto central en su Gobierno, pues son problemas que pasaron de las cárceles a las calles.


En los 15 días anteriores al 27 de mayo, en Ecuador se reportaron 22 asesinatos, todos reportados bajo la modalidad de sicariato. En Guayaquil, van al menos 215 asesinatos en lo que va de este año. Para el 2020, la cifra estaba en 143. El 13 de mayo, 500 nuevos integrantes de la Policía llegaron a la zona para ayudar en calles y barrios conflictivos, así como en labores de Inteligencia.


Fuente: El Comercio


 

Argentina retiró denuncia contra Nicolás Maduro ante la CPI


Tras oficializar su salida del Grupo de Lima, Argentina anunció su retiro por medio de una carta a la Corte Penal Internacional de todas las gestiones emprendidas contra Venezuela ante el tribunal.


Recuperada de: CNN Español


En la carta que fue diligenciada ante la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el gobierno argentino recordó su dimisión del Grupo de Lima el pasado mes de marzo, el cual tiene como objetivo aislar a Maduro del poder en Venezuela, porque “no han conducido a nada”. Cabe aclarar que en el 2018, los Gobiernos de Colombia, Canadá, Paraguay, Perú y Argentina, liderados por el ex presidente argentino Mauricio Macri, solicitaron ante la Fiscalía de la CPI en La Haya, la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro. En dicha misiva, se incluyó documentación de procesos extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales en el marco de protestas en contra de Maduro.


Ante esta decisión, el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó cuestionó el actuar de Alberto Fernández por no contribuir a la investigación de víctimas a manos del Estado venezolano y además, aseguró que esta decisión “pone en peligro a la región y a la democracia en sí misma”. Aún así, en la misiva el gobierno argentino aclaró que “retiro es "sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial".


En la postura tomada por la Administración de Fernández, se aseguró que la solución a la crisis venezolana se debe dar en un "diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular", y que permita la realización de "elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional". Además, tras el embate de la pandemia, Buenos Aires ha insistido en el efecto nocivo de "las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades", especialmente porque lesionan "el goce de los derechos humanos de la población", según Russia Today


Fuentes: RT | Prensa Libre


 

Investigaciones sobre posible intervención ucraniana en las elecciones del 2020


La investigación comenzó al final de la administración Trump y se trataría de un plan que habría sido orquestado para esparcir noticias falsas sobre el actual presidente, Joe Biden.


Recuperada de: Washington Post


Fiscales federales en Brooklyn adelantan investigaciones sobre una posible intervención por parte de individuos ucranianos a las elecciones presidenciales del año pasado, en las que salió victorioso Joe Biden. Junto con el FBI, los fiscales buscan posibles influencias ucranianas en la difusión de rumores de corrupción acerca del actual presidente por medio de varios canales como Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump.


Aparentemente, Giuliani viajó a Europa en diciembre del 2019, donde se habría reunido con varios ucranianos, entre ellos un miembro del Parlamento llamado Andriy Derkach, quien es uno de los sospechosos centrales de las investigaciones. Así pues, el abogado habría recolectado información para atacar el historial de Biden como vicepresidente y presionó para que Ucrania abriera investigaciones contra los opositores de Trump, lo que llevó a que este último fuera llevado a juicio político.


“Cuando investigas acusaciones de corrupción, tienes que hablar con muchos tipos de personas, algunas son creíbles, algunas no” -Robert J. Costello, abogado de Giuliani.

Giuliani negó haber trabajado con ucranianos para realizar los actos de los que se le acusa. De acuerdo con el abogado, sus interacciones con estos personajes fueron para ayudar a Donald Trump y denunció que el FBI tiene un doble estándar impulsado por el departamento de Justicia, que, según Giuliani, ha ignorado “crímenes evidentes” de los que serían culpables Biden y otros integrantes del Partido Demócrata.


La investigación que se desarrolla en Brooklyn está tratando de determinar si se quebraron leyes federales. Si los fiscales deciden presentar cargos, lo harían bajo el Foreign Agents Registration Act, que requeriría que las personas ucranianas involucradas presentaran testimonios sobre sus esfuerzos para influenciar el gobierno y los medios estadounidenses. De todas maneras, sería difícil que se arrestaran a los culpables, pero estos cargos impedirían que viajaran a algunos países, pues podrían ser extraditados.


Dos investigaciones se están adelantando que están poniendo a prueba las promesas de la administración Biden de ponerse por encima de las inclinaciones políticas. Hunter Biden, hijo del presidente, está siendo investigado por trabajo que realizó en Ucrania. Derkach aseguró que varias grabaciones probaban que el presidente y su hijo estaban comprometidos en un caso de corrupción. El departamento del Tesoro aseguró que estas estaban editadas y no tenían información concreta o verídica.


Fuente: The New York Times


 

Preocupación por brote de sarna humana en Brasil


En los últimos días se hizo pública la denuncia de una ciudadana en la ciudad de Praia Grande, que alertó sobre un brote de sarna humana en el barrio de Nova Mirim.


Recuperada de: Semana


Esta infección en la piel principalmente es provocada por ácaros y se pronuncia por medio de ampollas, haciéndola altamente contagiosa. Por esta razón, la encargada de la salud Patricia Ogna aseguró que está afectando sustancialmente a los niños y niñas de la zona, por lo que pidió ante las autoridades una pronta revisión y atención a todos lo contagiados al brote que se está expandiendo. Ogna hizo público el caso de una menor que tuvo que ser hospitalizada debido a una grave infección, pero gracias a las ayudas de varias personas, pudo recibir un tratamiento. "Tuvimos tiempo de correr a un hospital con pruebas que demuestran que está muy enferma. Qué triste la realidad de nuestro pueblo", dijo la mujer.


De acuerdo con las autoridades, se realizaron 16 visitas médicas en las que se diagnosticaron seis casos de sarna y dos de pediculosis. "Todos están medicados en ese momento y orientados en relación con el cuidado de la higiene de la ropa, las partes de la cama y el baño, las mascotas y el medio ambiente en general", dijo el subsecretario de Salud, José Isaías Costa Lima, según noticias RCN.


La Secretaría afirmó que el equipo examinó a perros y gatos para identificar si tenían la enfermedad. Al parecer, ninguno de los animales tenía sarna. Cerca de 38 familias fueron atendidas por el cuerpo médico. Las autoridades aseguraron que seguirán realizando visitas para identificar enfermedades contagiosas.


Fuente: El Tiempo


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